A 10 meses de haber asumido en Argentina, el presidente ultraderechista reduce en un 30% el presupuesto nacional como parte de su batalla contra el déficit. Los recortes alcanzan a toda la administración, con especial dureza en educación, infraestructura y desarrollo social, mientras se prioriza a los ministerios de Defensa y de Seguridad
El ultraderechista Javier Milei llegó al poder en Argentina al grito de “no hay plata”. Armado con una motosierra, había prometido en campaña reducir al mínimo el Estado para terminar con el déficit fiscal y controlar la inflación. Durante sus primeros diez meses de Gobierno, cumplió con la promesa de recortes: el gasto se redujo un 30% interanual en términos reales ajustados por inflación, según cálculos del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) y la Asociación de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).
Milei pasó la podadora sin compasión, siempre con la excusa de una “guerra contra la casta” a la que acusa de convertir a una supuesta “Argentina potencia” de hace 100 años en “la fábrica de pobres” que, a su juicio, es hoy el país que gobierna. En la casta entran sin matices políticos, sindicalistas, periodistas, actores, intelectuales, empresarios y banqueros, a los que tilda de “ratas miserables”, “culo sucio”, “liliputienses”, “ensobrados”, “degenerados fiscales” o “zurderío inmundo”.
Desde el 10 de diciembre de 2023, día en que juró como presidente, Milei cerró 13 ministerios; despidió a unos 30.000 empleados públicos, equivalentes a casi el 10% de la plantilla nacional; paralizó la obra pública, y recortó el dinero destinado a educación, salud, ciencia y jubilaciones. La poda en la ejecución presupuestaria ha sido especialmente dura en infraestructura (-74%), educación (-52%), trabajo (-65%), desarrollo social (-60%), salud (-28%) y asistencia a las provincias (-68%).
En este escenario de recortes generalizados, los fondos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) crecieron desde enero un 216% en términos interanuales y se han invertido casi 350 millones de dólares en la compra de aviones de combate.
Un desagregado por sectores permite ver la foto completa del impacto de la motosierra de Milei sobre el Estado argentino.
Pensiones: en el centro de la “licuadora”
Las jubilaciones sufrieron con especial virulencia los recortes de Milei. Apenas asumió el Gobierno, el presidente estableció por decreto una subida a partir de abril según la inflación. El problema fue que el decreto no tuvo en cuenta el 20,6% de crecimiento del IPC registrado en enero, con el consiguiente ahorro para las arcas fiscales y el daño evidente para los jubilados. La estrategia fue parte del plan “licuadora” de los gastos con el que Milei alcanzó el superávit fiscal en el primer trimestre del año. El Congreso, de amplia mayoría opositora, aprobó por ley una subida extra del 8% para compensar lo perdido en enero, pero el presidente vetó la norma. “Son degenerados fiscales”, les dijo a los legisladores, que fracasaron por falta de votos en su intento por anular el veto. Un jubilado de la categoría más baja cobra en Argentina el equivalente a unos 320 dólares, poco más de un tercio de los 900 dólares de la canasta básica familiar que toman las estadísticas para no ser considerado pobre.
Obra pública: paralizada y sin recursos
La inversión en infraestructura está paralizada en Argentina. Milei suspendió todos los proyectos en carpeta, interrumpió las transferencias a las provincias para las obras en marcha e inició auditorías en todos los contratos para revisar deudas heredadas. La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) calcula que el Estado debe a los contratistas unos 400.000 millones de pesos (400 millones de dólares) y que ya se han producido 200.000 despidos en el sector. Milei exhibe como un gran logro de su gestión haber congelado la obra pública, a la que considera un pozo de corrupción. El presupuesto de la secretaría a cargo, hasta diciembre pasado un ministerio, se redujo en casi un 93,5%; lo mismo que el de la Dirección Nacional de Vialidad, que cayó un 75%.
Educación: universidades en conflicto
Al igual que las áreas de Ciencia y de Cultura, entre otras, Educación perdió con el Gobierno de Milei la condición de ministerio y pasó a ser una secretaría. La degradación institucional tuvo como correlato la reducción del presupuesto educativo, que según diferentes estimaciones cayó un 50% real interanual. Una de las primeras medidas de Milei tras asumir fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que equilibraba los salarios de los maestros de todo el país y representaba casi el 80% de las transferencias de la Nación a las provincias con fines educativos. Además de suspender las obras de infraestructura en escuelas, también recortó los programas de becas estudiantiles (bajaron un 69%).
Como la educación básica y media es competencia de las provincias, el mayor ajuste afectó a las universidades públicas, que dependen del Estado nacional. A inicios de año, el Ejecutivo ahogó a las universidades al prorrogar el presupuesto de 2023 sin actualizarlo por inflación, que entonces arañaba el 290% interanual. Muchas se quedaron sin recursos para pagar los servicios de gas y electricidad, y el sistema universitario se declaró en emergencia. La comunidad académica protestó con una masiva movilización nacional que finalmente forzó al Gobierno a enviar más recursos. Pero el conflicto volvió a estallar en los últimos dos meses por el declive de los sueldos de profesores y personal administrativo. Según alertó este miércoles el Consejo Interuniversitario Nacional, “el 70% de los salarios docentes y no docentes están por debajo de la línea de la pobreza”. Un amplio acuerdo opositor consiguió el mes pasado aprobar en el Congreso una Ley de Financiamiento Universitario, para obligar al Gobierno a actualizar los recursos. Pero, pese a una nueva protesta de estudiantes y profesores, Milei vetó la norma y esta miércoles consiguió el respaldo parlamentario a su decisión. Las protestas y medidas de fuerza se reactivaron esta semana y prometen continuar en universidades de todo el país.
Ciencia: una invitación a la fuga de cerebros
“La inversión en ciencia y tecnología se derrumba hoy en la Argentina, alcanzando sus menores valores desde la recuperación de la democracia”, advirtió hace un mes la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología. Los fondos del sector perdieron un tercio de su poder adquisitivo respecto del año pasado. El Gobierno obturó en 2024 los ingresos en la carrera de investigador y de personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el principal organismo dedicado a la ciencia y la tecnología del país. También redujo drásticamente el número de becas doctorales y posdoctorales, despidió al 15% del personal administrativo del Conicet, paralizó a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, cerró dependencias y frenó proyectos de áreas clave como el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Las autoridades de los centros de ciencia advierten que ese escenario está fomentando la “fuga de cerebros”, la migración de jóvenes investigadores: de hecho, este año cayó un 30% la postulación a las diferentes convocatorias para desarrollar una carrera científica en el país. En una carta pública dirigida a Milei en marzo pasado, 68 premios Nobel advirtieron que “el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio”.
Cultura y medios: el impacto simbólico
Un aspecto central del ajuste de Milei es su carácter simbólico, donde no importa tanto la magnitud del gasto recortado sino su impacto en la “batalla cultural” que pretende librar el Gobierno ultra. Con ese propósito, y como parte de su avanzada contra el periodismo, el presidente dispuso en marzo el cierre de la Agencia de Noticias Télam, acusándola de ser “un mecanismo de propaganda”: fundada en 1945, tenía casi 800 empleados y era la agencia noticiosa estatal más grande de América Latina, con una producción diaria de información que cubría todo el país.
El Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) fue otra víctima dilecta de la motosierra. El Gobierno buscó inicialmente cerrarlo, pero ante el rechazo del Congreso optó por el vaciamiento. El INCAA sufrió despidos de personal, cierre de programas, la suspensión de la producción de películas que ya habían sido aprobadas y el desfinanciamiento de los festivales cinematográficos. Del mismo modo, la poda de fondos, las cesantías y la precarización del personal afectaron al Instituto del Teatro, el Fondo de las Artes y la Biblioteca Nacional, entre otras entidades culturales. También a los museos: “Les quitaron los pocos recursos que había para gestionar las actividades cotidianas. Durante casi todo el año, los museos y los espacios que dependen de la Secretaría de Cultura no tuvieron ni siquiera papel higiénico, algo bochornoso”, describe Nicolás Rodríguez Saa, dirigente del sindicato de trabajadores estatales ATE.
Derechos humanos: “no hay plata” para buscar a nietos secuestrados por la dictadura
El pasado agosto, el Gobierno disolvió la Unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, creada en 2004. Un mes después, dejó de financiar a las Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que busca a personas nacidas en cautiverio y apropiadas durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983: hasta el momento han logrado restituir la verdadera identidad de 133 nietos. Ambas medidas, sumadas a despidos previos de trabajadores, forman parte del giro de 180 grados en las políticas de derechos humanos de Argentina desde la llegada de Milei a la Presidencia.
En esta área, los recortes presupuestarios son la punta del iceberg de un cambio de discurso que ha puesto en jaque el consenso de la sociedad argentina contra el terrorismo de Estado. El mandatario ultraderechista ha minimizado los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, considerados ahora “excesos” cometidos por algunos militares, pese a las sentencias judiciales que consideran probada la existencia de un plan sistemático de secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de bebés.
Políticas sociales: freno a la mediación de las organizaciones
El 66% de los menores de 14 años es pobre en Argentina. Aún así, Milei ha reducido el presupuesto destinado a las infancias, un recorte criticado tanto por organizaciones locales como por Naciones Unidas. El Gobierno mantiene ayudas como la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar que reciben las familias de bajos ingresos con menores a cargo, pero ha suprimido aquellos subsidios que se gestionaban a través de organizaciones sociales, a las que acusa de ser “gerentes de la pobreza” y de haber montado un “sistema de esclavitud moderno”. Entre las ayudas interrumpidas está el reparto de alimentos a los comedores populares a los que asisten niños y familias enteras. También han sido cancelados los programas laborales canalizados a través de cooperativas de trabajadores.