El Gobierno provincial prepara la adquisición de 50 pistolas Taser para ampliar el abanico de herramientas “menos letales” de la Policía.
El Gobierno de Córdoba avanza en la compra de 50 pistolas Taser para equipar a la Policía provincial. Se trata de armas de electrochoque consideradas de “menor letalidad”, que buscan ofrecer una alternativa intermedia entre el uso de armas de fuego y otros dispositivos menos disuasivos en situaciones de alto riesgo.
Actualmente, la fuerza cuenta con solo tres dispositivos Taser, en poder del grupo táctico ETER. Según especialistas en seguridad, ese equipamiento es antiguo y limitado, lo que reduce su capacidad operativa. La nueva compra permitiría ampliar el uso de este tipo de armas en intervenciones complejas, especialmente aquellas vinculadas a crisis de salud mental, episodios de violencia extrema o personas bajo efectos de sustancias.
Las pistolas Taser funcionan mediante una descarga eléctrica controlada que interrumpe temporalmente el control muscular del cuerpo, provocando la caída de la persona sin necesidad —en la mayoría de los casos— de un disparo letal.
En la práctica, se presentan como una herramienta intermedia frente a situaciones donde el gas pimienta o las armas Byrna resultan insuficientes, pero el uso de un arma de fuego sería desproporcionado.
La Policía de Córdoba utiliza actualmente armas Byrna, que disparan proyectiles de goma o con carga química mediante aire comprimido.
Desde el punto de vista presupuestario, cada pistola Taser tiene un costo estimado de entre 2.500 y 4.000 dólares, a lo que se suman cartuchos de un solo uso y programas de entrenamiento específico.
La incorporación de más Taser abre un debate que excede lo técnico. Para algunos sectores, se trata de un avance para reducir el uso de armas de fuego; para otros, sin protocolos claros y control civil, puede derivar en nuevos abusos.
El desafío para la Provincia será demostrar que el cambio de equipamiento viene acompañado de capacitación, reglas estrictas y transparencia, en un tema donde cada intervención puede marcar la diferencia entre proteger vidas o profundizar la polémica.